martes, 29 de mayo de 2007

PAGANDO 17 MILLONES PARA NO SABER

Nuevamente el Estado, sumo protector del “pobre”, ha decidido mantenernos en la más agradable ignorancia y apabullante desinformación. Se ha decidido distorsionar, aún más, el sistema de transmisión de información automática y espontánea que brinda el sistema de precios del mercado. Según las informaciones periodísticas el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles está pagando 17 millones de nuevos soles semanalmente para subvencionar el precio de los combustibles y así impedir que los precios se eleven.

¿Por qué se evita que los precios de los combustibles se eleven utilizando dinero de los contribuyentes? Muy fácil, el descontento consiguiente podría hacer tambalear al gobierno, además de hacer impopular al Partido que se ha proclamado desde siempre “del pueblo” También es un argumento muy utilizado la defensa de estabilidad de los precios relacionados con los combustibles. Dicen que así se impide la corrida de precios del transporte y los alimentos, primeros en una lista apocalíptica. ¿Por qué no se debe amortiguar el precio de los combustibles, ni de producto o servicio alguno, mediante el dinero de los contribuyentes? No es tan fácil la respuesta.

En primer lugar debemos entender qué es el sistema de precios libres (sin intervención del Estado). Este es un sistema de información muy sensible a la demanda y oferta de bienes y servicios. Si un bien escasea tenderá a subir de precio, si y solo si, existe una demanda real en los distintos puntos de comercialización. Y descenderá el precio si la demanda deja de presionar al alza.
Y esto puede ocurrir si se descubren productos alternativos o nuevos productos. Hoy ya no usamos carbón para cocinar, empleamos el gas o la electricidad. Por otro lado, un dato adicional nos brinda el alza de precios: el producto se agota.

En consecuencia deberemos ahorrar el uso de tal bien. Maximizar su uso, es decir se fomenta el ahorro y aquellos que sigan consumiendo en cantidades habituales serán “castigados” con un precio mayor. Esta reducción espontánea del consumo del bien, no genera caídas agudas, mas bien, permite que todos sigan consumiendo, pero racionando. Así se incentivará la demanda de nuevos productos que reemplacen al anterior. El mayor precio por comparación hará baratas otras fuentes de combustible. Se generan incentivos para investigar productos alternativos de uso inmediato, se desarrolla la investigación, la técnica y aparecen nuevos productos.

Además, no se distraen los preciados impuestos en aventuras inútiles (encubrimiento del alza real de precios). Los fondos colectados por vía impositiva (a la fuerza), o sea, los impuestos deben ser empleados para brindar servicios a los contribuyentes, no para falsear la percepción que tienen de la realidad. Las amas de casa, los jóvenes, las empresas tienen que gastar en combustible, pero al no saber cuánto cuesta realmente, seguirán con sus niveles de consumo, hasta que un buen día el recurso se haya agotado. En lugar de alargar el plazo lo habremos acortado al permitir un irresponsable uso del escaso combustible por mantenerlo artificialmente a bajo precio.

Es un deber del Estado ser TRANSPARENTE, no debe falsear datos, no debe MENTIR, financiando sus mentiras con nuestros impuestos. La mejor defensa de los pobre contribuyentes es avisándoles que el combustible que emplean es caro, carísimo, y debemos ajustarnos todos la correa para no malgastarlo. ¿Cómo se entera el consumidor del alza de precios? Es el sistema de precios libres el que permite que los datos originados en los pozos petroleros de Irak e Irán, y las refinerías europeas y norteamericanas, lleguen como cifras ascendentes o descendentes a nuestros ojos, el consumidor entonces podrá evaluar que camino debe seguir, seguir consumiendo como siempre o establecer prioridades en su consumo.

Este mismo argumento es replicable al recurso más mal utilizado que tiene el Perú y muy escaso por cierto: el agua. La contaminación que ha significado su mal uso y la destrucción de las napas freáticas en las zonas urbanas no se ha corregido mediante un incremento en el precio del agua limpia, más bien ocurre lo contrario. El Estado mantiene empresas que proporcionan el segundo líquido vital (o primero), e impide que el sistema de precios libres manifieste cual es la real magnitud de la catástrofe que ya vivimos. Las comunidades rurales ya sufren los estragos de la pérdida de sus fuentes de aguas limpias. Si dichas aguas fuesen administradas por empresas privadas su protección y mantenimiento estarían asegurados.

Las mismas comunidades deberían ser las propietarias y administradoras de tales recursos y decidir si las dan o no a las mineras. La gestión transparente y el manejo eficiente de los recursos es un principio básico para el desarrollo.

HUSAIN ABDULHAQ

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